La entrada en vigor de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales delega competencias en los ayuntamientos con independencia de su tamaño. Esto ha supuesto una preocupación en el sector veterinario, “ya que en España hay poco más de 250 veterinarios municipales, que ejercen en ciudades y poblaciones grandes, pero existen algo más de 8.100 ayuntamientos, la inmensa mayoría sin capacidad económica para contar con los servicios veterinarios que la normativa les obliga a prestar”, explicaba Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización Colegial Veterinaria.

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Gobierno estudia un plan estatal para apoyar a ayuntamientos con la recogida de animales y la asistencia veterinaria

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