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De esta manera, la inclusión del peritaje veterinario se conecta con las funciones de inspección recogidas en el artículo 66 de la Ley 7/2023. Y es que, antes del reglamento, en el artículo 66.8 ya se exigía que el personal inspector contara con formación acreditada en bienestar animal, pero sin mencionar explícitamente a los peritos veterinarios.
El artículo 66 recoge los requisitos de la función inspectora y atribuye a las autoridades autonómicas y locales la vigilancia de centros de protección animal, clínicas veterinarias, criaderos, establecimientos de venta y cualquier espacio donde se alojen animales. En casos complejos o de posible maltrato, el Ministerio competente podrá instar a las comunidades autónomas a actuar e incluso comunicar la situación al Ministerio Fiscal.
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